Hace casi cuatro años, Lollapalooza se desvinculó del Parque O’Higgins antes de que se concretara una expulsión formal. El 20 de diciembre de 2021, el festival, que marcó la primera vez que Santiago fue sede de este evento fuera de Estados Unidos, fue rechazado por vecinos y autoridades locales debido al deterioro progresivo del recinto. Las críticas se centraron en aspectos de seguridad, limpieza y niveles de ruido que afectaban la calidad de vida en la zona, convirtiendo la celebración en motivo de molestias para la comunidad. En declaraciones recogidas por radio Bío Bío, la exconcejala Rosario Carvajal aclaró que el problema no se limitaba a Lollapalooza, sino que reflejaba un modelo de uso de espacios destinados a eventos que priorizaba intereses corporativos, como los manifestados por Movistar Arena, la Fórmula E y Fantasilandia, sobre el beneficio para los residentes y la preservación de áreas verdes. La estrategia de la alcaldesa implicó, en última instancia, la salida de estos privados, y el festival optó por trasladarse al Parque Bicentenario de Cerrillos para evitar una reacción negativa en el ámbito vecinal, aun cuando una consulta pública no llegó a concretarse. Se mencionó además una supuesta deuda de 90 millones de pesos contra Lotus, según un informe de la Contraloría General de la República, acusación que fue posteriormente desmentida. Ahora, tanto la municipalidad de Santiago como Lotus anuncian el retorno de Lollapalooza en 2026. Durante la campaña, figuras como Mario Desbordes han resaltado que el festival ha generado 9.000 empleos directos, en contraste con el rechazo inicial de vecinos de las áreas Rondizzoni y República, quienes repiten argumentos similares a los presentados en 2021. El debate se centra en cómo conciliar el uso comunitario del parque con actividades comerciales que, a pesar de generar ingresos, provocan problemas de aseo y seguridad. Cabe destacar que, en términos de seguridad, las cifras son favorables: mientras eventos masivos como el aniversario patrio registraron 80 detenciones entre 2022 y 2024, el último Lollapalooza en 2019 reportó solo dos en medio de más de 240.000 asistentes durante tres días. Lotus ha asegurado en su comunicado la implementación de acciones que beneficiarán tanto al espacio público como a la comunidad, aunque aún no se especifican dichas medidas. Este escenario contrasta con la percepción de algunos que ven el festival como una celebración nacional frente a la crítica de que adolece de un carácter “extranjerizante” con tintes ideológicos y prejuicios clasistas. Los arrendatarios del parque se limitan a cumplir con la normativa, sin fomentar un vínculo afectivo con la comunidad, lo que deja entrever una desconexión entre el patrimonio local y el beneficio de un evento de gran escala.
Autor: Roberto Sánchez